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El exsuperintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa, se defendió en la Asamblea Nacional el pasado 12 de marzo. Las declaraciones llegaron luego de que se aprobara un juicio político en su contra. Incumplimiento de funciones, manipulación a la ley, abuso de autoridad y violación a la libertad de expresión son los cargos por los que se cuestiona la responsabilidad del cargo que ocupaba Ochoa.
En su intervención, Ochoa negó las acusaciones. Posteriormente, la Asamblea resolvió la censura y destitución del exsuperintendente.
Con base a la moción de @fabovillamar, la Asamblea Nacional censura y destituye a #CarlosOchoa (119 votos afirmativos y 1 abstención). Se suspende la sesión 504.#JuicioPolíticoOchoa.
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) March 13, 2018
Gestión
La primera razón que lo conduce al proceso es el incumplimiento de funciones, pues Ochoa ocupó el puesto de director nacional de noticias de Gamavisión. Según un informe de Contraloría, las responsabilidades administrativas recaen, además de otras autoridades, sobre Ochoa. El problema ocurrió al excluir dicho informe.
En cuanto a la manipulación de la ley, el exfuncionario es acusado de haber impreso 300 mil ejemplares de la Ley de Comunicación. En esos documentos, la normativa se modificó y Ochoa se basó en ella para sancionar a medios radiofónicos.
Abuso de autoridad es la tercera razón para su enjuiciamiento, pues durante su gestión emitió sanciones millonarias a medios privados. Sin embargo, el acusado se defendió asegurando que sólo regulaba el poder mediático.
Finalmente, Carlos Ochoa es acusado de abuso y violación a la libertad de expresión. El exsuperintendente habría emitido sanciones discrecionales, pues amonestó a varios medios privados. Mientras tanto, permitía el uso de lenguaje inadecuado en la emisión de los enlaces sabatinos del expresidente Rafael Correa.
Juicio Político
Un juicio político es un proceso que fiscaliza el desempeño de los funcionarios públicos. En caso de comprobar la culpabilidad del acusado, podría inhabilitarse para desempeñarse en funciones similares. Además, las consecuencias políticas pueden ser las más palpables.
El último juicio político en Ecuador fue hace 23 años. En 1995, el exvicepresidente Alberto Dahik, enfrentó acusaciones de malversación de fondos del Estado. Al final del juicio, se resolvió la inocencia de Dahik.
